Es muy frecuente que, a la hora de contratar los servicios profesionales de un perito judicial mediante uno de los múltiples gabinetes periciales que existen por todo el territorio español, obtengamos unos presupuestos muy bajos por la contratación de dichos servicios (entre 200 y 500 euros). Esto es fruto de la gran competitividad existente en el mercado, generando un enorme desprestigio y devaluación de la profesión de perito.
En la mayoría de los casos, los peritos judiciales que colaboran con dichos gabinetes son profesionales autónomos y, por dicha razón, el importe de los honorarios que percibe por sus servicios no suele superar el 50 % de lo que el gabinete presupuesta a su cliente. Es decir, el perito solo percibe por su trabajo una ridícula cantidad que se sitúa entre 100 y 250 euros.
La calidad de los informes periciales puede verse comprometida si se cobran unas tarifas tan bajas. Es muy importante valorar la implicación, dedicación, experiencia y capacitación de los peritos para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Dada la importante función que desempeñan los peritos en el seno de un procedimiento judicial, escatimar recursos en su contratación no es la idea más acertada.